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Noticias de la region (2063)

Hace más de 15 años que la Base de Antinarcóticos de la Policía Nacional en Riohacha, dejó de funcionar en sus instalaciones ubicadas en la calle 19 entre carreras 7A y 8 del barrio Las Villas, dejando esta construcción en total abandono.
Los moradores de este sector de la ciudad están muy preocupados, porque este inmueble, totalmente abandonado, a lo largo de estos años se ha convertido en el refugio de ladrones, bandas satánicas y personas que consumen sustancias alucinógenas.
Por esto, los habitantes de esta zona de la ciudad manifiestan que viven en constante peligro, los atracos son a diario, y las medidas que han tomado son muchas pero ninguna ha tenido éxito.
Hace más de 15 días los pobladores del barrio Las Villas, en cabeza de Jerson Quintana, presidente de la Junta de Acción Comunal, enviaron un oficio a la Policía Nacional y a Corpoguajira, pidiendo que por lo menos limpien la maleza y poden los árboles que están a las afueras de las instalaciones.
La gran fronda de los árboles arropa la calle, oscureciéndola en su totalidad; a su vez, el peso de las ramas puede ocasionar emergencias, pues las raíces de los árboles se ven y sus troncos están inclinados hacia las casa del sector.
“Solo pedimos que nos hagan una limpieza, que poden los árboles y, en lo posible, que sellen la construcción para que los ladrones y drogadictos no se escondan ahí”, manifestó Raúl Bermúdez, morador de este sector.
Además, esta edificación se ha convertido en un botadero de basura, donde la proliferación de mosquitos e insectos, a causa de las aguas estancadas es otro de los problemas con los que han tenido que convivir esta comunidad.
Los habitantes del barrio Las Villas hacen un llamado a las autoridades competentes para que les den una pronta solución a este problema que los ha venido atormentando por mucho tiempo.
Antes, esta calle era una de las mejores de esta zona de la ciudad, hoy es el temor de los que allí habitan y de quienes la transitan.
La Junta Mayor Autónoma de Palabreros convocó a los periodistas de Maicao a una rueda de prensa en la que presentaron los diversos sistemas de divulgación propuestos a través de un convenio con la Administración Municipal que incluye la realización de revistas, periódicos y libros sobre su influencia en la etnia.
El jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Maicao, Leonardo Barros Estrada, ha acompañado a los palabreros Sergio Cohen, Orangel Cambar y Guillermo Jayariyú en la coordinación de todas las actividades relacionadas con el convenio, a fin de lograr los objetivos propuestos en el pacto entre esa organización y la Administración Municipal, lo cual debe finalizar el próximo mes de diciembre con la presentación de todos los testimonios convenidos en el contrato.
Junto al equipo de comunicaciones de la junta, que dio una amplia explicación de cómo se viene trabajando en los diversos medios que tienen para la divulgación y promoción de sus actividades, también hay una nómina de profesionales que ejercen una labor para que el desempeño de la institución wayuú sea eficiente en todos sus aspectos.
A la junta se vincularon Andrónico Urbay Ipuana, Carmen Toro Sapuana, Ramiro Epinayú y María José Carrillo, quienes hacen sus aportes constantemente a la comisión coordinadora de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros.
Durante el encuentro los voceros de la junta expresaron su inconformidad por los desvíos que han tomado muchos de los miembros de la etnia que han confundido la labor de este organismo, que tiene un actuar natural, mas no de autoridad judicial o de resolver problemas, sino de acercamiento y aproximación entre las partes cuando existe un conflicto en sus comunidades.
Expresaron, además, su preocupación por la pérdida de valores en la etnia, lo que ha diezmado el progreso y las buenas intenciones de la palabra, único capital con que cuenta el wayuú desde sus tiempos ancestrales. “Muchos miembros de nuestra etnia nos han fallado, pero no perdemos la esperanza de recuperarlos porque aún conservamos nuestros usos y costumbres”, dijeron los miembros de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros.
Ni el inclemente sol impidió que los campesinos acostumbrados a sus extenuantes faenas del campo marcharan ayer jueves por las calles de Barranquilla.
Bien temprano, campesinos de diferentes departamentos de la Costa Caribe se concentraron en el predio ‘El tamarindo’, en el kilómetro 5 de La Cordialidad, para marchar hasta la Gobernación del Atlántico.
Unos 500 campesinos, en su mayoría indígenas wayúu, participaron en la movilización a la que se sumaron dirigentes sindicales de la Unión de Trabajadores del Atlántico y, en la Gobernación, estudiantes de la Universidad del Atlántico.
Durante la marcha, grupos folclóricos participantes en el reclamo desplegaron sus artes para llamar la atención, como es el caso de los indígenas wayuú, bailando la Yonna –danza tradicional indígena–.
Después de haber finalizado las eliminatorias regionales en Valledupar, el grupo de deportistas de La Guajira se prepara para viajar hasta la capital de la República, donde se desarrollará la fase final de los Juegos Supérate Intercolegiados 2013.
La Guajira clasificó la categoría A con fútbol y en la categoría B con fútbol salón, así como en atletismo, ajedrez, taekwondo, karate do, entre otros deportes.
Los jóvenes guajiros viajarán a Bogotá a partir del lunes, para buscar, durante de ocho días los primeros lugares en cada uno de los deportes clasificados.
La minga nacional que desarrollan las comunidades indígenas de todo el país está golpeando la actividad económica de La Guajira, pero ha servido para poner en evidencia la serie de problemas que padecen las comunidades, las cuales carecen de todos los servicios básicos fundamentales.
Acatando una orden nacional, los aborígenes guajiros han bloqueado carreteras, red férrea y tomas de acueductos, elevando graves denuncias sobre la forma como el Estado ha venido prometiendo obras importantes para solucionar los problemas de alcantarillado, acueducto, salud y educación en sus comunidades, sin que los proyectos se hayan concluido.
Los gobernadores de resguardos indígenas han denunciado la forma como en sus comunidades mueren los niños, adultos y ancianos por consumir agua impotable. No existen centros de salud en sus áreas que les garanticen la administración de un tratamiento efectivo y eficiente para aliviar sus males, obligándolos a recurrir a las milenarias recetas ancestrales, pese a que decenas de EPS se pelean por registrarlos como afiliados para cobrar al Estado millonarias sumas por un servicio que llega a cuentagotas.
Sabemos que la protesta que desarrollan los wayuú en La Guajira es producto de una convocatoria de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, organismo que entrega directrices para que cada comunidad pueda negociar por separado.
Uno de los voceros de los wayuú, que se encuentran en la planta de tratamiento del acueducto regional en Chorreras, decía que mientras los occidentales estaban alarmados porque llevan dos días sin agua, ellos tienen nueve años de estar esperando soluciones al problema de agua mediante la construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado.
Pero el Estado sí ha intentado darles solución al problema de aguas en las comunidades indígenas y occidentales, abandonadas en este departamento. Todos recordamos el famoso caso de Acuavalle, entidad que contrató la construcción de soluciones de agua y alcantarillado para 14 comunidades, pero lamentablemente los dineros se esfumaron. Hubo denuncias, quejas y protestas; la Contraloría General investigó, hubo resultados, pero al final nadie respondió, y la gente se quedó sin agua, observando en silencio cómo cientos de kilómetros de tuberías quedaban sepultados en las fosas de la corrupción, practicada en esa oportunidad no por guajiros sino por una empresa del Valle del Cauca, manejada por un destacado y reconocido dirigente político que con sus tentáculos logró frenar los alcances de la justicia.
Por justos pagan pecadores, eso es la pura verdad. Cientos de personas hoy se están perjudicando por la falta de agua en Fonseca, Distracción y Barrancas, donde se vive un grave problema de insalubridad, ya que muchas de las necesidades básicas deben hacerlas con precariedades, poniendo en riesgo su salud.
La empresa Cerrejón, que explota recursos naturales en este departamento, viene acusando pérdidas millonarias por el bloqueo de los nativos, hasta el punto que en las próximas horas, si no se abre el paso férreo, se acabará el combustible destinado para el funcionamiento de la maquinaria pesada que trabaja en el complejo carbonífero.
El Estado central debe aunar esfuerzos con los entes territoriales para darles una respuesta seria y favorable a estas comunidades, que en medio del desierto guajiro intentan tener una vida digna.
A los graves problemas políticos, administrativos, sociales y económicos que afronta la península colombiana, ayer esta hermosa región amaneció sitiada por una serie de protestas organizadas por los pueblos indígenas que reclaman una mayor atención de parte de los gobiernos centrales, departamentales y municipales.
Los  wayuú también  se sumaron  a la “Minga indígena social y popular en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía”.
En la madrugada de ayer, exactamente desde las 4:20 a. m., representantes indígenas de esta etnia cerraron la principal ruta que intercomunica al norte con el sur de La Guajira, conocida por todos como la carretera  nacional, en la entrada del Resguardo San Francisco, entre Papayal y Hatonuevo.
Esta manifestación obedece al llamado de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que denuncia la desatención del Gobierno Nacional y la falta de cumplimiento de acuerdos pactados con comunidades indígenas del país. A su vez, las delegaciones indígenas de La Guajira protestan por una salud digna, una educación de acuerdo con los usos y costumbres enmarcados en la cosmovisión wayuú y el respeto por sus territorios ancestrales, haciendo un rechazo enfático a la contaminación de la Madre Tierra por la explotación y extracción de minerales en todo el departamento guajiro.
El presidente de la Asociación de Alaulayuu y Cabildos Indígenas Wayuu del sur de La Guajira, AACIWASUG, Saúl Carrillo Urariyú, asegura que “esta es la única forma de ser escuchados y tenidos en cuenta por el Gobierno Nacional. Los wayuú defendemos nuestros derechos y nuestra dignidad, los pueblos indígenas no queremos seguir relegados ni ser menospreciados en nuestros territorios, no queremos seguir sumando víctimas al conflicto armado y anhelamos la paz para Colombia”.
También fue tomada la bocatoma del acueducto que surte agua a los municipios de Distracción, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo, y fue bloquedo el punto conocido como ‘Paradero’, donde se conecta con Maicao y Cuatro Vías.
Afectada movilidad
Viajeros, empleados y comerciantes, fueron los más sorprendidos y afectados. Desde la madrugada, muchas personas tuvieron que buscar alternativas para poder completar sus rutas. Los empleados de la empresa Cerrejón,  las minas de Caypa, y las restantes empresas contratistas, radicados en las poblaciones del sur y Valledupar, no pudieron cumplir con su jornada laboral.
A esto se sumaron los educadores, quienes debieron descender de los vehículos en que se transportaban para llegar a sus escuelas a cumplir con sus labores de docentes.
El trauma fue total en el centro y sur de La Guajira. Desde Albania hasta Villanueva la afectación fue total. Los gobernadores de cada uno de los resguardos, exigieron la presencia de las autoridades regionales para dialogar directamente sobre temas que tienen que ver con la prestación de los servicios públicos
La mayoría de las comunidades carecen de sistemas de acueducto, ninguna tiene alcantarillado. Las escuelas y colegios están en precarias condiciones. Los sistemas de salud no operan como lo ordena la ley.
“No queremos que nos envíen las tropas para sacarnos de esta protesta, necesitamos es la presencia de las autoridades municipales, el gobierno departamental y Nacional, para dialogar con ellos sobre la solución a los problemas que estamos mencionando”, dijo uno de los caciques de la comunidad de Bangañita, municipio de Fonseca, quienes desde muy temprano, cerraron las válvulas del sistema de acueducto dejando sin agua a varias poblaciones.

Los habitantes del barrio Chino en La Punta de los Remedios, lugar donde está ubicado el único escenario deportivo con que cuenta este corregimiento de Dibulla, claman por la pronta adecuación del polideportivo.
Las canchas, que fueron construidas hace más de 15 años para la recreación y sano esparcimiento de jóvenes y adultos, se encuentran en pésimas condiciones.
Según la comunidad, la cancha central no reúne las condiciones para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas, ante el embate del tiempo y la desidia de las autoridades.
Los habitantes de La Punta de los Remedios piden la intervención de la Administración Municipal y Departamental a fin de contar con un espacio apto.
El encerramiento del lugar está destruido, lo que permite la entrada de animales que afectan los pisos, los cuales se encuentran agrietados, y el desnivel obliga a que las aguas lluvias se estanquen formando gigantescas lagunas.
Además, los postes para las luminarias están deteriorados por el paso del tiempo y amenazan con caerse, lo que representa un peligro para los deportistas y la comunidad que se dan cita en el lugar para distraerse, ante lo cual le hacen un llamado a la Secretaría de Cultura y Deportes antes que se presenten hechos que lamentar.
El camerino también se encuentra en pésimas condiciones, los caballetes del techo se han caído ante los fuertes vientos, por lo que no hay garantías de seguridad para permanecer en él.
Al deterioro del escenario, se suma que las zonas aledañas están cubiertas de maleza, lo que provoca la proliferación de animales, además de dañar el paisaje.
La comunidad de La Punta de los Remedios se une al clamor de los habitantes del barrio Chino, debido a que el lugar en óptimas condiciones ofrecería beneficios para todo el corregimiento.
Unos 40.000 indígenas iniciaron desde ayer martes una minga o movilización en al menos seis departamentos de Colombia para reclamar mejores condiciones de vida y una mayor participación en la política del país, explicaron fuentes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La protesta está fundamentada en cinco puntos: el derecho a la consulta previa antes de un proyecto en su región; la propuesta de suspender títulos mineros en esas zonas; la defensa de derechos humanos en el marco del conflicto armado; el rechazo a la política económica y agraria; y la autonomía política, jurídica y administrativa.
Maricela Londoño, portavoz de comunicaciones de la ONIC, indicó que desde la madrugada había congregados en diferentes lugares del país unos 40.000 indígenas de distintos pueblos y se espera que a lo largo de la jornada se duplique la convocatoria.
“Hay minga en el Valle del Cauca, en Antioquia, en el Cesar, en el Chocó, en el Huila y en La Guajira”, señaló Londoño.
Asimismo, denunció que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) “ya ha hecho presencia en algunos lugares, como en el Huila, donde ha habido un hostigamiento” que no deja víctimas por el momento.
Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) denunció en un comunicado que al menos 1.000 personas fueron retenidas “sin justificación alguna” por parte de los policías cuando se disponían a secundar la movilización convocada por la ONIC. La ONIC agrupa a otras 44 asociaciones indígenas regionales de todo el país.
El fallo de la Procuraduría General de la Nación, que dejó al municipio de Riohacha sin Concejo para poder deliberar; la captura del gobernador Juan Francisco Gómez Cerchar; el ataque al ferrocarril que transporta carbón entre La Mina y Puerto Bolívar; el ataque a torres del sistema eléctrico y la colocación de una bomba cerca al puente El Guajiro se convirtieron en graves detonantes el pasado fin de semana para La Guajira.
A lo anterior se suma la andanada de protestas, bloqueos y tomas de acueducto con los cuales amaneció ayer todo el departamento.
Fueron varios hechos prácticamente unidos que ponen a pensar seriamente sobre el futuro de la región peninsular. Nunca antes una sola región había tenido tantos problemas de forma simultánea. Aquí se suma lo político, administrativo, judicial, orden público y un reclamo social que parecía reprimido desde hacía mucho tiempo.
Todos los casos merecen atención especial. Cada uno por separado. En el tema del gobernador Juan Francisco Gómez Cerchar le corresponde a él, junto a sus abogados, demostrar la inocencia que ha venido pregonando desde hace mucho tiempo y la cual gritó a los cuatro vientos, cuando era llevado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Lo del gobernador es un caso complejo. No será nada fácil, pero él y sus amigos tienen la plena convicción de salir pronto de esta situación, que pone al departamento de La Guajira ante la mirada del país, dando lugar a que muchos piensen que la península es una verdadera ‘cueva de Rolando’.
Desde hace mucho tiempo se venía hablando en corrillos sobre este caso. Luego llegaron las denuncias de algunos periodistas y la revista Semana en particular. Posteriormente se unieron otros medios nacionales.
Se espera que la Fiscalía actúe con celeridad y defina la suerte del mandatario. Si es responsable o inocente, eso debe definirse de forma rápida. Según Marta Lucía Zamora, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, existe una investigación profunda sobre el particular.
La gente espera que se resuelva pronto para que no se sigan generando mayores problemas al departamento como ente territorial.
Por el momento, La Guajira cuenta con un gobernador encargado que había asumido el pasado viernes, ya que al parecer se habían aprobado las vacaciones para Juan Francisco Gómez Cerchar.
Se quiere que la Administración Pública no se paralice. El departamento arrastra graves problemas económicos, orden público, inseguridad, de orden social, y cualquier crisis afecta programas como el Plan Departamental de Aguas, el cual se viene ejecutando desde hace mucho tiempo.
En el caso de los concejales de Riohacha, a los cuales la Procuraduría les aplicó sanciones entre los 7 y 8 meses de suspensión, al alcalde Rafael Ceballos Sierra le corresponde buscar la forma de que muchos proyectos no se estanquen totalmente, debido a la acción disciplinaria. Se buscará convocarlos a sesiones extraordinarias de forma inmediata para evitar que algunos convenios para ejecución de obras no se queden y se devuelvan los dineros a Bogotá.
Luego de sostener combates con más de 8 presuntos integrantes del Frente 59 de las Farc, el Ejército Nacional impidió su acción terrorista  al desactivar explosivos que estaban colocados sobre torres de energía en zona rural de Carraipía, en Maicao.
El hecho fue contrarrestado por tropas de la fuerza de tarea Centurión, quienes entraron en combate en contra de la guerrilla de las Farc, evitando daños en las torres interconexión eléctrica binacional cuatricentenario, torre 69 y 70.
El hecho se registró en el sector ‘La lucha’, a 8 kilómetros al sur de Carraipía, desactivando 13 artefactos explosivos en envase de bebidas de gaseosa, los cuales son utilizados como  litros dispositivos para radiofrecuencia por acción.
“Gracias al arrojo, valentía y presencia oportuna de nuestros soldados que se enfrentaron a estos bandidos se evitó la voladura de las torres. El comandante de la fuerza de tarea Centurión ofrece recompensa de hasta 20.000.000 a quien dé información que conlleve a la captura de posibles personas que quieran atentar en contra de la seguridad de la población”, dijeron las autoridades.
Miembros del Ejército Nacional, Policía Nacional y el CTI realizaron en conjunto la captura de seis integrantes del Frente 59 de las Farc.
Los operativos se realizaron en el corregimiento de Los Remedios (Albania) y los municipios de Fonseca y Riohacha.
Los presuntos guerrilleros fueron identificados como Ricardo Enrique Jacome Guerra, alias ‘El Mello’; Eustacio Mejía Rada, alias ‘El Niño’; Wilder Rafael Payares Díaz, alias ‘Bernabé’; Juan José Solano Epiayú, alias ‘Simón’; Rodrigo Molina Mendoza, alias ‘Gabito’; y Sixta Tulia Rojas Fonseca, alias ‘Sixta’.
Según las autoridades, estas personas colaboran de manera constante con las Farc, con el suministro de víveres y medicamentos. Además, algunos de ellos habrían participado en atentados al Cerrejón.
Asimismo, se les acusa de los delitos de concierto para delinquir con fines de terrorismo y rebelión, cargos que imputó la Fiscalía 47. De igual manera se les decomisó una escopeta calibre 12, 1 kilogramo de marihuana y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La  Procuraduría General de la Nación compulsó copia del fallo proferido dentro del proceso de los 17 concejales de Riohacha, para que la oficina de radicaciones de la Fiscalía General de la Nación abra investigaciones por separado, al concejal Reinaldo Deluque Díaz, y al tema de la elección del personero municipal, Breider Redondo Solano.
El ministerio público suspendió a 13 concejales por el término de 8 meses, y al concejal Reinaldo Deluque Díaz, por siete meses, pero ordenó remitir copias del auto y de los folios 704  y 718 del cuaderno  original 3 y 1206 a 1219 del cuaderno original 5 a la oficina de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría  Regional de La Guajira, para que se evalúe  la conducta del posible fraude procesal en que podría haber incurrido el concejal Reinaldo Deluque Díaz, de acuerdo con lo expuesto en el acápite correspondiente al recurso de apelación del mismo auto.
El tema de la elección del personero municipal también deberá ser objeto de análisis especial, tanto por la Fiscalía General de la Nación como por parte de la Procuraduría Regional de La Guajira.
Los concejales cobijados por la medida de suspensión tendrán que notificarse en los próximos días.
Se ha conocido que en las próximas horas se podría conocer una convocatoria a sesiones extras por parte del alcalde Rafael Ceballos Sierra, a fin de someter a consideración de los cabildantes una serie de proyectos de acuerdo,  muchos de ellos tienen que ver con modificaciones presupuestales.
Hasta ayer no se había conocido un pronunciamiento oficial del alcalde Rafael Ceballos Sierra, sobre la eventualidad de quedar sin concejales para deliberar y aprobar proyectos, especialmente lo que tiene que ver con el presupuesto.

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