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21 Oct

Justicia sigue sorda, ciega, muda y coja con damnificados de gasoducto

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Doce años después, la justicia en La Guajira sigue cojeando sobre el caso de las siete personas muertas, los heridos y quemados, la destrucción de dos radiodifusoras, casas fincas, porquerizas y los daños morales a los damnificados de la explosión del gasoducto Ballenas – Barranquilla, a la altura de El Patrón.
Fue la madrugada del 21 de octubre de 2001. La gente celebraba como era habitual los sábados. Apenas habían transcurrido pocos minutos de la madrugada del  nuevo día, cuando el cielo riohachero se vio iluminado por una luz, y en los oídos retumbaba el eco de una violenta explosión. Como la noche amenazaba con lluvia, muchos pensaron que era un rayo que había caído. Otros se imaginaron de inmediato que se trataba de un ataque violento de bin Laden a Maicao, donde se concentra una gran población procedente del Medio Oriente.
Horas después todos sabían que el gasoducto que transporta gas natural hacia Barranquilla había estallado. Desde esa fecha hasta hoy nadie ha podido establecer con certeza si se trató de una falla técnica o un atentado terrorista, aunque existe una persona que se encuentra condenada, que, al parecer, se responsabilizó del hecho a nombre de un grupo guerrillero.
Sea atentado terrorista o falla técnica, lo grave es que se registraron daños irreparables como la muerte de siete personas, entre ellas cuatro menores de edad, que junto a su madre se encontraban durmiendo en una humilde casita de adobe ubicada a menos de 150 metros del sitio de la explosión. Con ella murió un celador de la casa-finca situada precisamente frente a la válvula que voló. La otra víctima fue un joven que salvó varias vidas y al final fue alcanzado por el calor y falleció días después.
Fue una verdadera tragedia. Los trabajadores y propietarios de dos estaciones radiales por cuyos predios pasa el gasoducto, quedaron cesantes, debido a que la onda explosiva y las altas temperaturas causaron daños a los transmisores, imposibilitando su salida al aire. Las casas-fincas y pequeñas parcelas dedicadas a la cría de cerdos sufrieron la arremetida de la explosión.
Lamentablemente, 12 años después las personas que resultaron quemadas, entre ellas dos ancianos, arrastran sobre sus espaldas las huellas vivas de una explosión por la cual nadie ha querido responsabilizarse, y la justicia cada día parece más lejana de emitir un fallo para que quienes lo perdieron todo puedan ser resarcidos económicamente.
El padre de los niños quemados y muertos en el interior de la pequeña casita de adobe sigue esperando alguna noticia de los juzgados. Diariamente llega muy temprano al mercado a cargar sobre sus espaldas los bultos de alimentos con los cuales logra ganar algún dinero para subsistir, pero jamás ha logrado olvidar aquel fatídico sábado 20 de octubre cuando se despidió de su familia para marcharse  a Puerto Nuevo en la Alta Guajira, a fin de trabajar como cotero en el cargue y descargue de embarcaciones que llegan con mercancías desde el extranjero.
La justicia sigue muda, sorda y ciega, mientras el padecimiento de muchas personas cada día espera que el Estado pueda ejercer su función para que quienes lo perdieron todo, al menos, puedan tener un resarcimiento económico, porque su moral ya está destruida.

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