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25 Oct

Dolor ante la tragedia social y ambiental del Río Grande de la Magdalena

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Me complace profundamente que el señor procurador general de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, haya puesto los ojos en otro lado de la cancha de los problemas nacionales para venir hasta Barranquilla a denunciar hechos graves relacionados con el Río Grande de la Magdalena.
En efecto, el jefe del ministerio público estuvo en la ciudad presentando la publicación ‘Río Magdalena: informe social, económico y ambiental’, con la cual se pretende contribuir a “la construcción de una política articulada e integral en materia de gestión social, económica y ambiental de la principal arteria fluvial del país”.
Se trata de un informe de 272 páginas que ha sido elaborado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Agrarios, que según nos explica el doctor Ordóñez “muestra los resultados sectoriales y generales de un análisis realizado con información recolectada en 393 municipios, 26 corporaciones autónomas regionales del país y 15 gobernaciones que tienen relación directa o indirecta con el río”.
Es sin lugar a dudas un grande e importante esfuerzo institucional que nos ilustra acertadamente respecto de la tragedia social y ambiental que actualmente afronta el Río Grande de la Magdalena a lo largo y ancho de su jurisdicción en el país, que sirve en bandeja una serie de temas de hondo calado para un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado de la República a la cual pertenezco.
Con mi equipo estamos en la revisión de este valioso documento para la preparación del debate correspondiente. Independientemente de los planes de rehabilitación que existan para convertir al río en la mejor autopista acuática orientada a enfrentar los desafíos de una economía globalizada y en expansión, hace falta mucha tela por cortar respecto de los problemas ambientales y económicos directos e indirectos, así como los de carácter social. A todas luces abundantes.
Fundamental el llamado que hace el procurador al Estado colombiano “para que gobernaciones y alcaldías trabajen de forma articulada con las autoridades ambientales que integran el Sistema Nacional Ambiental, esto es, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, en la perspectiva de atender y satisfacer los requerimientos sociales, económicos y ambientales del Río Grande de la Magdalena”.
Nos duele la realidad que presenta el procurador en los campos social, económico y ambiental. El resumen de cada realidad es el siguiente:
Social: en relación con la educación en la cuenca del río Magdalena, las tasas de analfabetismo son mayores en la región Atlántica de la cuenca. El promedio de deserción escolar en la cuenca en el periodo 2007-2011, aunque viene descendiendo, fue del 5.7 %, lo cual sigue indicando una pérdida de oportunidad en la participación del aula de clase como un espacio para el afianzamiento en la importancia y cuidado del medio ambiente, y el establecimiento de vínculos entre la infancia, la educación y la sostenibilidad ambiental.
Económica: en materia de desempleo, es sorprendente que los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, ribereños e influidos por la cuenca del río, tienen niveles superiores a los del país, en una tendencia constante en el periodo 2007- 2011.
Ambiental: de los 393 municipios que hacen parte de la cuenca del Río Magdalena, la mayoría de ellos (183 municipios) informó contar con una planta de potabilización de agua, aunque no todas se encuentren en funcionamiento.
A grandes rasgos, es una penuria socioeconómica ambiental que merece toda nuestra preocupación y la de las entidades del alto Gobierno comprometidas con la recuperación del río y sus zonas de influencia, no solo por atender un mandato constitucional sino por la existencia de proyectos, planes, programas y recursos para ello. No hay ninguna justificación para mantener viva esta tragedia alrededor del río.
Es vital no seguir en el discurso pendenciero y, como señala el procurador Ordóñez, “resulta indispensable la construcción de una política pública que integre aspectos sociales, económicos y ambientales, en la que las acciones y decisiones estén racionalmente focalizadas a darles solución a las problemáticas que se han diagnosticado para todo este ecosistema”.
Nos inquieta la conclusión de la Procuraduría cuando dice que “es la oportunidad para manifestar que aún no existen en Colombia proyectos de magnitud que velen radicalmente por la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, especialmente de grandes ecosistemas como el Río Magdalena”, agregando que “esta cuenca es la principal arteria fluvial del país, y que casi la mitad de la población depende directamente de los servicios económicos y ambientales que ella proporciona, por lo que resulta indispensable la construcción de una política pública que integre aspectos sociales, económicos y ambientales”.
Acompaño irrestricta e incondicionalmente la posición y el llamado de la Procuraduría General de la Nación en relación con nuestro preciado río, y desde ya anuncio que este informe será pieza clave en las gestiones que me propongo realizar para desencallar la política pública que requiere la cuenca del Magdalena.

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